La Reforma Agraria y la formación del nuevo Estado revolucionario: 1920-1928.
El campesinado como un nuevo actor social.
Portillo
Motte Óscar Augusto
FFyL-UNAM [noviembre
2013]
Introducción.
A lo largo de toda la historia de México la lucha por la
tenencia de la tierra ha sido una constante, sobre todo en las últimas décadas
del siglo XIX y principios del XX, donde los principios del liberalismo
atentaron de manera directa contra la propiedad de la tierra (principalmente de
pueblos y el clero), estableciendo nuevas formas de explotación agrícola y por
ende diferentes relaciones sociales de producción. Esto originó que cierta
parte del campesinado mexicano a principios del nuevo siglo decidiera sumarse a
la revolución, enarbolando de cierta manera los principios del zapatismo, el
cual buscaba una restitución de tierras a sus antiguos propietarios. Esta
bandera fue retomada posteriormente por ciertos grupos políticos como principio
supremo de la revolución, y bajo el cual debía dirigirse e instaurarse el nuevo
gobierno que de esta emanara. La reforma agraria constituyó el corpus de una
serie de demandas sociales que surgieron al calor de la misma lucha armada y la
cual había sido apoyada por un sector social que hasta ese momento no había
tenido una participación en la vida política nacional, el campesinado.
Para la década de 1920 el campesinado representaba la mayor fuerza
política del país, pues su participación en lo años previos le había dado un
lugar preponderante en la vida política nacional, es así que a partir de esta
década comienza a representar uno de los grupos de presión más importantes
debido a la organización política que en esos años se estaba conformando. El
movimiento campesino representa la inclusión de las masas en las decisiones
nacionales, y fue un actor clave para comprender las decisiones en relación a
la reforma agraria que el gobierno del grupo Sonora intentaba instaurar. A lo
largo de esta década podemos observar la resistencia a una serie de reformas en
relación a la propiedad de la tierra, de las cuales los movimientos campesinos
apoyaron o en determinado caso frenaron, lo que significó que el nuevo Estado
revolucionario tuviera de base el apoyo político de la clase campesina. En los
años que pretendemos abordar en esta investigación, nos centraremos
precisamente en el papel del campesinado en las decisiones políticas tomadas
por el gobierno, para instaurar la reforma agraria y ver cual fue la
participación política que tuvo durante estos años, los cuales fueron
completamente decisivos para entender la reforma agraria en los años
posteriores, específicamente en la época de Cárdenas.
Partimos del supuesto de que la radicalización campesina en México se
debe a la influencia externa, precisamente de la revolución rusa y la II
internacional, ideas que permearon en este país debido a la reciente
efervescencia política generada por la revolución mexicana, y a raíz de esto se
puede comprender justamente ese devenir histórico en relación a las necesidades
de implementar en México una forma de explotación de la tierra basada en el
ejido, contrariamente a lo que manejaba el discurso oficial, que apoyaba la
división parcelaria de la tierra a través de la pequeña propiedad privada, con
el objetivo de insertar a México en el concierto de la economía mundial.
La reforma agraria
como forma de mistificación social.
Para el periodo de 1920-1928 años en los que se consolidó
el grupo Sonora en el poder, la cuestión agraria era un problema del cual no se
podían deslinar los gobernantes mexicanos, debido a la creciente demanda
surgida por parte del campesinado en relación a la repartición de tierras, petición
que surgió al calor la lucha armada de la revolución. Esto representó uno de
los principales problemas del grupo en el poder, debido al creciente
descontento de los sectores populares rurales, quienes propugnaban por la
destrucción total del latifundio porfirista y proponían otra forma de estructura
agraria nacional, orientada hacia la explotación colectiva de la tierra. Si
bien Obregón y posteriormente Calles consideraban al problema agrario como una
cuestión que debía ser atendida a la brevedad posible, dentro de la concepción
de estos no cabía la idea de una repartición agraria dirigida a transformar
radicalmente las relaciones de propiedad existentes.
Para inicios de la década de 1920 aparecieron en la escena pública
partidos que enarbolaban las causas de la lucha campesina, principalmente las
demandas de la facción zapatista, cuyo líder, Emiliano Zapata, había sido
asesinado años atrás (1919). Este grupo logró posicionarse dentro de la esfera
política nacional y formar el Partido Nacional Agrarista, bajo la tutela de
Antonio Díaz Soto y Gama, un antiguo militante del zapatismo, quien tenía la
convicción de llevar a cabo una reforma agraria que reivindicara el papel del
campesinado en la lucha revolucionaria. De esta manera el PNA iniciaría un
periodo de transición entre la lucha campesina armada y la lucha social, aunque
sus postulados teóricos en relación a la reforma agraria no diferían mucho de
la política oficial, la creación de este partido fue un importante aliciente
para la conformación de los movimientos campesinos en los años posteriores y la
participación de estos en la vida política nacional.[1]
Si bien los postulados teóricos de este tipo de partidos políticos no
planteaban una radicalización en cuanto a la modificación de las estructuras de
propiedad de la tierra en México, es importante reconocer la labor realizada en
los años previos a la reforma agraria cardenista; uno de los factores en los
que comúnmente suelen caer los historiadores, son las comparaciones en relación
a los repartos agrarios realizados en otras partes del mundo, el ejemplo más
claro de esto fue el realizado en la Unión Soviética con la creación de las
granjas colectivas.
Es importante realizar un paréntesis en este punto, para dejar en claro
algunas ideas en relación a los postulados ideológicos que propiciaron la
reforma agraria en México, y entender el vínculo de la problemática nacional
con el mundo en la segunda década del siglo XX. La época que analizamos se
centra en un periodo en la cual las estructuras sociales, económicas y
políticas de la sociedad burguesa del siglo XIX están desapareciendo, para
abrir paso a lo que Hobsbawm ha denominado como la revolución mundial, una
época en donde la revolución Bolchevique representó una esperanza para los
pueblos del mundo y una influencia de tales dimensiones en el aspecto
ideológico, que la aparición de esta así como los de otros movimientos sociales
en el siglo XX no fueron una mera casualidad.[2]
Si bien la Revolución Mexicana difiere en bastantes aspectos de la rusa, sobre
todo en la cuestión ideológica, no se puede negar la influencia de esta sobre
los movimientos sociales de los años veinte y la radicalización de estos,
cuestión que motivó a muchos gobiernos del mundo en donde la amenaza de una
revolución estaba latente, a apaciguar estos con reformas sociales que
acallaran los ánimos de un inminente estallido social, como es el caso de
países conservadores y contrarrevolucionarios como Finlandia y Rumania, que tuvieron
que implementar una improvisada reforma agraria para aplacar el descontento de
sus pobladores, algo parecido a lo que sucedió en México en la segunda década
del siglo XX.[3]
Cerrando este paréntesis y regresando a la cuestión que nos atañe, los
principios ideológicos de la reforma agraria mexicana estaban basados en lo
señalado en el artículo 27 constitucional, el cual estipulaba en primera
instancia la restitución y dotación de tierras a los campesinos que se encontraran
desposeídos de ellas, fraccionando a los latifundios para el desarrollo de la
pequeña propiedad privada. El objetivo fundamental y eso está claro dentro del
mismo discurso revolucionario, es terminar con las relaciones sociales y de
producción de carácter feudal y precapitalista que imperaban antes de la revolución.[4]
Llevando a cabo este tipo de reforma enfocado a las distribuciones de tierras
en pequeñas propiedades, el Estado crearía una nueva clase media rural, que
llevara a cabo de manera armoniosa el desarrollo del sistema capitalista y por
ende la ampliación del mercado interno. Es clara la orientación ideológica de
la constitución de 1917, instruida por el liberalismo, pero lo importante a analizar aquí es
observar cuál fue la reacción del campesinado mexicano, principalmente el del
centro del país, el cual dentro de su visión del mundo no podía concebir otra
forma de tenencia de la tierra que no fuera la de la propiedad comunal. Para
este sector del campesinado es bastante claro que la protección de la propiedad
privada es un atentado contra las demandas que se formaron durante la lucha
revolucionaria y por esta razón surge una radicalización del movimiento
campesino en México.
Como bien lo mencionamos anteriormente es innegable la influencia del
socialismo a nivel mundial y relacionándolo al contexto nacional, este tuvo una
clara influencia en distintos movimientos agrarios regionales, como es el caso
de Michoacán, Veracruz y Yucatán, en donde los gobernadores representan el ala
radical agrarista de la revolución, inspirados principalmente por el marxismo y
la idea de una sociedad igualitaria. Para los años veinte estos estados
representan el principal foco de insurrección campesina en el país, en donde
hay un claro rechazo a la política oficialista vinculada al reparto agrario.[5]
Esto surge en relación de la aparición de nuevos actores sociales en el periodo
que abordamos, los cuales ejercen cierto tipo de presión al gobierno federal
para efectuar una serie de demandas sociales por las cuales propugnan, presión
a la cual el gobierno tiene que ceder y por ende acelerar el trámite de
dotación y restitución de tierras en el país.
Un problema bastante común durante los primeros años de la década de
1920 fue el incipiente reparto agrario efectuado por los gobiernos de Obregón y
Calles, debido a la tardanza y a la burocratización de los trámites agrarios
que se efectuaban en aquellos años, los cuales tenían un sinnúmero trabas e
intereses de por medio, uno de los principales conflictos generados de esta
serie de tramites fue la resistencia de la antigua y nueva clase terrateniente
mexicana, la cual lanzó una contraofensiva contra este proceso de repartición,
mediante la formación de cuerpos armados que se dedicaban a defender las
grandes propiedades agrícolas del país, lo cual generó una serie de
enfrentamientos entre la burguesía terrateniente y el campesinado que reclamaba
la tierra.
Principalmente esta serie de conflictos se llevaron a cabo en el
altiplano mexicano, donde todavía se conservaban las viejas estructuras
oligárquicas de la época porfiriana y donde esta clase socialmente mejor
acomodada, naturalmente mostraba cierta reticencia a las expropiaciones de
parte del gobierno.[6] Cuestión que
contrastaba directamente con la región del centro del país, en donde la mayor
parte de la lucha armada había reivindicado el reparto agrario bajo la bandera
del zapatismo y por ende fueron las primeras beneficiadas del reparto agrario
del nuevo gobierno de la revolución.[7]
Sobre estas cuestiones es como podemos entender la disimilitud bajo la
cual se llevaron a cabo los primeros repartos agrarios en México, donde el
gobierno tenía que ceder a los distintos grupos de presión del campesinado,
principalmente en la región del centro y sur del país, contrastando con la
situación del norte, donde los principios de la revolución agraria nunca fueron
una prioridad como tal y donde una buena parte de los generales revolucionaros
pudieron asentarse como grandes y medianos propietarios en las haciendas
confiscadas durante la fase armada de la revolución. Es evidente que la presión
emanada desde las clases subalternas del campesinado fue de una intensidad
variable y de esto se debe la disparidad con la que se llevó a cabo el reparto
agrario en la época que abordamos.
Contrariamente a lo que se pueda pensar, el nuevo Estado revolucionario
en sus primeros años tenía la firme convicción de destruir la vieja estructura
agraria del porfiriato basada en los latifundios, y sustituirla por otra forma
de propiedad, una en donde el pequeño agricultor fuera la base de la economía
agrícola, cuestión que como bien sabemos era contraria a la posición adoptada
por los sectores radicales de la revolución. Obregón y Calles como hombres
formados bajos los principios del liberalismo, tenían esta concepción en
relación al reparto agrario, y en una primera instancia podemos observar la
dinámica de las primeras restituciones de tierras, las cuales iban encaminadas
a apaciguar los conatos de rebelión por parte de un sector del campesinado;
esta fue la base de la política agraria obregonista, basada en los repartos
agrarios como un instrumento mediante el cual el gobierno podría apaciguar la
fuerza del naciente movimiento agrario y contrarrestar su fuerza política, para
sumar al campesino a las filas del gobierno en caso de una inminente rebelión
por parte de grupos políticos disidentes y de esta manera asegurar el ejercicio
del poder.
Debido a esta presión el gobierno obregonista tuvo que ceder a los
distintos grupos que reivindicaban la reforma agraria como parte integral del
nuevo gobierno de la revolución; en el cuatrienio de Obregón se repartieron
cerca de 1 200 000 hectáreas,
cantidad irrisoria si consideramos el número de campesinos sin tierra que había
en México en aquellos años.[8]
Pese a esto en la concepción del gobierno nunca se dejó de lado la idea
de transitar hacia la propiedad privada, ya que Obregón consideraba que la
restitución de los ejidos no podía ser un fin en sí, tan sólo era una necesidad
política inevitable. Para estos hombres la necesidad de fraccionar a México en
un país de pequeños agricultores era una aspiración y el medio por el cual la
sociedad agraria mexicana podría transitar en un determinado periodo de tiempo
hacia el capitalismo.
Como bien lo mencionamos,
la radicalización del movimiento campesino en México surge de un sentimiento de
rechazo e insatisfacción hacia las medidas reformistas que el nuevo gobierno de
la revolución estaba efectuando, en relación al reparto agrario, y es fácil de
entender, sobre todo si consideramos el factor de que hace ya muchos años que
se había iniciado en México un movimiento revolucionario, y como consecuencia
las grandes masas de campesinos sin tierra se habían unido a este, y al ver que
las demandas por las cuales se unieron a la rebelión no se estaban
satifasfaciendo, podríamos considerar como algo natural la insurrección. Careciendo
de una ideología política definida y por lo tanto de una conciencia de clase,
los grupos campesinos en México en plena organización comienzan a sentir que el
mismo Estado que ayudaron a forjar años atrás los está excluyendo, debido a que
las demandas sociales que proponen no están siendo escuchadas.[9]
Como consecuencia de esto podemos observar que durante los años veinte se
forman las ligas agrarias de resistencia, en los estados donde los gobernadores
han radicalizado sus posturas de gobierno (Veracruz, Yucatán).
Con estos primeros repartos efectuados en la época de Obregón, podemos
observar que la reforma agraria se está efectuando como una forma de
mistificación social, debido a que el gobierno temeroso de la violencia que
pueden ejercer las masas por medio de la insurrección, se ve obligado a aceptar
la repartición de ciertas dotaciones de ejidos, pero esto tiene un trasfondo de
carácter económico. El reparto agrario de esa época se llevaba a cabo bajo una
lógica de salvar a la propiedad privada por medio de la reforma agraria, es
decir, el ejido sería solamente una medida transitoria, una escuela en donde
los ejidatarios podrían ser capaces de transformarse en campesinos
propietarios. Rodolfo Stavenhagen menciona que por medio del ejido, se transita
hacia una nueva forma de posesión de la tierra, este sistema otorga la tierra a
las comunidades de agricultores, pero en teoría es propiedad del Estado. Los
campesinos tienen derecho a cultivar individualmente una parcela de tierras, si
bien se trata de una tenencia colectiva, desde el punto de vista económico la
mayoría de los agricultores son minifundistas.[10]
Siguiendo el trasfondo de esta medida transitoria, el verdadero objetivo seguía siendo el reforzamiento
de las relaciones de propiedad que la facción liberal de la revolución había
proyectado, esto es, unas relaciones de propiedad privada, pero acomodadas a
las nuevas relaciones sociales y económicas, que tenían como mira la
modernización de México, convirtiéndolo en un país capitalista, emprendedor y progresista.[11]
Con la llegada de Plutarco Elías Calles a la presidencia de la república
el sistema de dotación y repartición de tierras toma un viraje completamente
diferente al que pudimos apreciar durante la presidencia de Álvaro Obregón, si
bien en el cuatrienio anterior la reforma agraria se llevó a cabo por medio de
la presión de ciertos sectores sociales, en este periodo se torna un poco más
conservador por parte del gobierno. Con Calles en el poder se inicia un proceso
de legislación en relación a la propiedad de la tierra, con la denominada Ley de Patrimonio Ejidal de 1925, la
cual planteaba en un principio la división de los ejidos constituidos, en
parcelas individuales y señalaba la intervención del Estado en la vida interna
de estos.[12] Con esto se observa una intención de
reforzar la gran propiedad privada, es decir, el Estado se declaraba partidario
de la acumulación de tierra en grandes extensiones, con el objetivo de
transitar de una manera más ágil y eficaz al amplio desarrollo de una economía
capitalista.
En base a esto el gobierno mexicano proponía la desaparición gradual de
los ejidos, con la idea de que esta medida transitoria solamente rezagaba la
economía nacional, condenándola a un letargo en cuanto a la modernización de
las técnicas de producción. Por esta razón el gobierno aumentó los requisitos
necesarios para el trámite de dotación de ejidos, con el fin de proteger a los propietarios.[13] Con esto el gobierno implementó una
serie de medidas para aumentar la producción del sector agrícola encaminada a
la tecnificación y modernización de las mismas; Calles, partidario convencido
del fracaso de la reforma agraria, debido a que en el periodo anterior las
tierras repartidas no tuvieron el final esperado, debido a un mal manejo por
parte de los ejidos, principalmente porque en algunos casos las parcelas
repartidas crearon una nueva forma de explotación del campesinado, cacicazgos,
acaparación de tierras, usura, etc.[14]
Por esta razón el gobierno dejó de considerar al problema de la tierra como una
cuestión política, para asegurar la modernización del país a partir de la
técnica.
La iniciativa privada representaba para el gobierno la única alternativa
para sacar de las esclerosis al campo mexicano, por medio de la creación de
instituciones de crédito para el fomento de la agricultura, construcción de
caminos, vías férreas y la implementación de modernos métodos de cultivo, el
gobierno podía cooperar con la iniciativa privada para la revitalización del
campo. De cierta forma esto no constituyó la destrucción total o parcial del
ejido, sino un nuevo mecanismo que sustituyera la explotación colectiva de la
tierra, por uno que propició la posesión individual de la misma. Arnaldo
Córdova menciona que a partir de la instauración de las leyes de reparto ejidal
en la época de Calles, este cobró una acepción que sigue teniendo hasta
nuestros días, es decir, el conjunto de tierras dadas en propiedad a un grupo
de población, mediante dotación o restitución, desde entonces el ejido dejó de
ser una regla, pero continuo siendo una forma de explotación colectiva de los
pueblos: lo fundamental pasó a ser el modo individual de explotación mediante
el emparcelamiento de las tierras dedicadas al cultivo y a la asignación de
parcelas, en usufructo, a los campesinos jefes de familia.[15]
Aún con todo este tipo de medidas para frenar gradualmente la reforma
agraria, Calles, a pesar de su reticencia, tuvo que ceder al descontento cada
vez más generalizado y entregar a los campesinos poco más de 3 000 000 de
hectáreas, el triple de lo que habían otorgado los presidentes que le
antecedieron. Pero estas tierras repartidas se entregaron según las normas
estipuladas por el propio gobierno, es decir, los ejidatarios se convirtieron
en pequeños minifundistas.[16]
[1] Gómez-Jara, Francisco A. El movimiento campesino en México, México,
Editorial Campesina, 1970, p29.
[2] Hobsbawm, Eric, “La
Revolución Mundial” en Historia del siglo XX, Buenos Aires,
Editorial Crítica, 2007, p 63.
[3] ibidem p 74-75.
[4] Guntelman, Michel, Capitalismo y reforma agraria en México, 3ed,
México, Ediciones Era, 1977, p 23.
[5] Francisco Gómez-Jara, El movimiento campesino en México, p 54.
[6] Tobler, Hans Werner, “Los
campesinos y la formación del Estado Revolucionario: 1910-1940” en Friedrich
Katz (comp.), Revuelta, rebelión y
revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX, 2ed,
México, Ediciones Era, 2004, p 440-441.
[7] ibidem p 440.
[8] Dulles, John W.F., “El
general Obregón y el reparto agrario” en Ayer
en México, México, Fondo de Cultura Económica, 1979, p 97.
[9] Francisco Gómez-Jara, El movimiento campesino en México, p 25
[10] Stavenhagen, Rodolfo, Las clases sociales en las sociedades
agrarias, 4ed, México, Siglo Veintiuno Editores, p 94.
[11] Córdova, Arnaldo, La ideología de la Revolución Mexicana. La
formación del nuevo régimen, 2ed, México, Ediciones Era, 1973, p 333.
[12] Guntelman, Michel, Capitalismo y reforma agraria en México, p
96.
[13] Ley Bassols: 1927
[14] Córdova, Arnaldo, La ideología de la Revolución Mexicana… p
332-333
[15] ibidem p 335-336.
[16] Guntelman, Michel, Capitalismo y reforma agraria en México… p
97.
